Declaran nulo el procedimiento de vacancia en contra de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de Apurímac

Resolución Nº 0388-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00185-A01

PICHIRHUA - ABANCAY - APURÍMAC

VACANCIA

RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de apelación interpuesto por Miguel Valente Arias, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, en contra del acuerdo de concejo emitido en la Sesión Extraordinaria, de fecha 7 de marzo de 2017, que acordó aprobar la solicitud de vacancia en su contra interpuesta por Orlando Altamirano Donaires por la causal de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; teniendo a la vista el Expediente Nº J-2017-00185-C01, y oídos los informes orales.

ANTECEDENTES

Solicitud de vacancia

El 17 de febrero de 2017, Orlando Altamirano Donaires presentó ante la Municipalidad Distrital de Pichirhua la solicitud de vacancia de Miguel Valente Arias, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de Apurímac (fojas 9 a 12 del Expediente Nº J-2017-00185-C01), por considerarlo incurso en la causal de nepotismo prevista en el numeral 8 del artículo 22, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

Al respecto, el solicitante de la vacancia sostiene que la autoridad cuestionada incurrió en esta causal en razón de los siguientes hechos:

- El alcalde Miguel Valente Arias contrató los servicios de Juan Valente Cáceres, quien es su primo hermano, existiendo parentesco de cuarto grado de consanguinidad.

- Señala que dicho alcalde canceló y pagó mediante recibo por honorarios las cantidades de S/. 750.00 y S/. 1 500.00, conforme al reporte de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas de la relación de proveedores que cobraron de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, mediante cheque firmado por los titulares autorizados por el MEF-TESORO PÚBLICO, Miguel Valente Arias y Noemí Lloclla Pereira.

- En total, el cuestionado alcalde pagó a su primo hermano Juan Valente Cáceres la cantidad de S/. 2 250.00.

El pronunciamiento del Concejo Distrital de Pichirhua

En Sesión Extraordinaria Nº 001-2017, del 7 de marzo de 2017 (fojas 52 a 59 del Expediente Nº J-2017-00185-C01), los miembros del Concejo Distrital de Pichirhua aprobaron por unanimidad la solicitud de vacancia del alcalde Miguel Valente Arias. Y, asimismo, designaron como su reemplazo a Néstor Raúl Salas Carbajal, teniente alcalde del citado concejo.

Recurso de reconsideración

El 28 de marzo de 2017, el alcalde cuestionado interpuso recurso de reconsideración (fojas 72 y 73 del Expediente Nº J-2017-00185-C01), bajo los siguientes argumentos:

- El día 3 de marzo de 2017 se realizó la sesión ordinaria con asistencia de todos los regidores donde solicitó permiso para viajar a Lima a fin de realizar gestiones, pedido que fue aprobado. Sin embargo el 7 de marzo del mismo año se llevó a cabo la sesión extraordinaria donde se declaró su vacancia.

- Señala que es falso que haya contratado a Juan Valente Cáceres, ya que no existe ninguna prueba de ello.

Pronunciamiento del Concejo Distrital de Pichirhua sobre el recurso de reconsideración

En la Sesión de Concejo Extraordinaria Nº 002-2017, del 19 de abril de 2017 (fojas 84 a 87 del Expediente Nº J-2017-00185-C01), los miembros del concejo municipal acordaron que no procede el recurso de reconsideración presentado.

Dicha decisión fue notificada al alcalde cuestionado el 19 de abril de 2017 (fojas 88 del Expediente Nº J-2017-00185-C01).

Con relación al recurso de apelación

El 10 de mayo de 2017, Miguel Valente Arias interpuso recurso de apelación ante la Municipalidad Distrital de Pichirhua (fojas 2 a 9), en contra del acuerdo de concejo arribado en Sesión Extraordinaria, de fecha 7 de marzo de 2017, sobre la base de los mismos argumentos expresados en su recurso de reconsideración, agregando además lo siguiente:

- El acuerdo adoptado en sesión de concejo, del 7 de marzo de 2017, no le fue comunicado en forma escrita, sino que se dejó una constancia de notificación ingresada por Mesa de Partes el 8 de marzo del presente año a la Oficina de Enlace de la Municipalidad.

- La Citación Nº 01-2017-MDP/ABANCAY-APURIMAC que le notifica para concurrir a sesión de concejo del 7 de marzo de 2017, tiene como fecha 27 de marzo del mismo año y está firmada por Néstor Salas Carbajal como teniente alcalde, fecha en la cual el apelante estaba en ejercicio de sus funciones.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

En el presente caso, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deberá determinar si el alcalde Miguel Valente Arias incurrió en la causal de nepotismo, prevista en el numeral 8 del artículo 22 de la LOM.

CONSIDERANDOS

Sobre el debido proceso en los procedimientos de vacancia de autoridades municipales

1. El procedimiento de vacancia de alcaldes y regidores de los concejos municipales, cuyo trámite se desenvuelve inicialmente en las municipalidades, está compuesto por una serie de actos encaminados a demostrar la existencia o no de la comisión de alguna de las causales señaladas en el artículo 22 de la LOM. Por ello mismo, debe estar revestido de las garantías propias de los procedimientos administrativos, más aún si se trata de uno de tipo sancionador, como en el presente caso, pues, de constatarse que se ha incurrido en alguna de las causales establecidas, se declarará la vacancia en el cargo de alcalde o regidor de las autoridades ediles cuestionadas y se les retirará la credencial otorgada en su momento como consecuencia del proceso electoral en el que fueron electos.

2. Dichas garantías a las que se ha hecho mención no son otras que las que integran el debido procedimiento, siendo este uno de los principios de los que está regida la potestad sancionadora de la Administración Pública, conforme lo estipula el artículo 230, numeral 2, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG). Precisamente, el debido procedimiento comporta, además de una serie de garantías de índole formal, el derecho de los administrados a ofrecer pruebas y exigir que la Administración las produzca, en caso de ser estas relevantes para resolver el asunto y actúe las ofrecidas por los mismos, así como a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, lo cual exige que la decisión que se adopte en el procedimiento mencionado plasme el análisis de los principales argumentos de hecho materia de discusión, así como de las normas jurídicas que resulten aplicables.

Es necesario resaltar que, de acuerdo a lo establecido por nuestro Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC, “el debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la administración …”.

Sobre los principios de impulso de oficio y de verdad material en los procedimientos de vacancia de autoridades municipales

3. De acuerdo a lo establecido por el artículo IV, numeral 1.3, del Título Preliminar de la LPAG, uno de los principios del procedimiento administrativo viene a ser el principio de impulso de oficio, en virtud del cual “las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”.

4. Asimismo, el numeral 1.11 del citado artículo establece que “en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”.

5. Efectuadas estas precisiones, como paso previo al análisis de los hechos imputados como causal de vacancia, el Jurado Nacional de Elecciones tiene el deber de analizar la regularidad con la que el procedimiento ha sido llevado a cabo en la instancia administrativa. Esto es así, debido a que, al igual de lo que ocurre en los procesos jurisdiccionales, los órganos administrativos sancionadores tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de quienes intervienen en los procedimientos que instruyen, pues las decisiones que estos adopten solo serán válidas si son consecuencia de un trámite respetuoso de los derechos y las garantías que integran el debido proceso y la tutela procesal efectiva.

Sobre la causal de vacancia por nepotismo

6. La causal de vacancia invocada por el recurrente es la de nepotismo, conforme a la ley de la materia, según lo señala el artículo 22, numeral 8, de la LOM. Por ello, resulta aplicable la Ley Nº 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM.

Al respecto, el artículo 1 de esta ley establece lo siguiente:

Artículo 1.- Los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio.

Extiéndase la prohibición a los contratos de Servicios No Personales [énfasis agregado].

7. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con base en el marco normativo reseñado, ha establecido que, en el ámbito municipal, los alcaldes y regidores incurren en la causal de vacancia por nepotismo de concurrir los siguientes elementos: i) la existencia de una relación de parentesco en los términos establecidos en la ley, entre la autoridad edil y la persona al servicio de la municipalidad, ii) la existencia de una relación laboral o contractual entre la entidad municipal y la persona contratada, y iii) la injerencia por parte de la autoridad edil para el nombramiento o contratación de su pariente.

Cabe precisar que el análisis de estos elementos es secuencial, en la medida en que cada uno es condición para la existencia del siguiente.

Análisis del caso concreto

Respecto a la causal de nepotismo

1. En el presente caso, Orlando Altamirano Donaires, solicitante de la vacancia, alega que el alcalde Miguel Valente Arias incurrió en la causal de nepotismo por haber pagado mediante recibo por honorarios las cantidades de S/. 750.00 y S/. 1 500.00 a su primo hermano Juan Valente Cáceres, conforme al reporte de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas de la relación de proveedores que cobraron de la Municipalidad Distrital de Pichirhua.

2. A fin de determinar si, en efecto, el citado alcalde incurrió en la causal de nepotismo, resulta necesario realizar un análisis de sus elementos constitutivos, siendo el primero de ellos el siguiente:

- La existencia de una relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por matrimonio, entre la autoridad edil y la persona contratada

3. Tal como se ha señalado en los antecedentes de la presente resolución, la legislación dispone los límites respecto de los cuales se aplica la causal de nepotismo. Así, se establece que el límite en la relación de parentesco es hasta el cuarto grado de consanguinidad y, en el caso de afinidad, hasta el segundo grado por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia.

4. En el caso concreto, el solicitante de la vacancia afirma que Juan Valente Cáceres sería primo hermano de Miguel Valente Arias, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de Apurímac.

5. Al respecto, de la revisión de los documentos presentados como medios de prueba de la relación de parentesco, se tiene el acta de nacimiento del alcalde Miguel Valente Arias (fojas 27 del Expediente de Acreditación Nº J-2017-00185-C01) y la partida de nacimiento de Juan Valente Cáceres (fojas 28).

6. De dichos documentos, se puede apreciar lo siguiente:

- Miguel Valente Arias, es hijo de Andrés Valente Buendía.

- Juan Valente Cáceres, es hijo de Vidal Erasmo Valente Buendía.

7. Sin embargo el solicitante de la vacancia no ha presentado documento alguno que acredite de manera indubitable, que Andrés Valente Buendía y Vidal Erasmo Valente Buendía son hermanos, a fin de poder establecer la relación de parentesco del cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Valente Arias y Juan Valente Cáceres.

8. Considerando lo expuesto, se tiene que el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG consagra como principios del procedimiento administrativo, entre otros, el principio de impulso de oficio, que implica que las autoridades deben dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, y el principio de verdad material, que supone que, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas necesarias autorizadas por la ley para obtener nuevos medios probatorios y documentación complementaria, aun cuando no haya sido propuesta por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

9. En el presente caso, del Acta de Sesión Extraordinaria Nº 001-2017, del 7 de marzo de 2017 (fojas 52 a 59 del Expediente de Acreditación Nº J-2017-00185-C01), se advierte que los miembros del Concejo Distrital de Pichirhua no incorporaron al procedimiento de vacancia documentación que permita esclarecer si el alcalde cuestionado tiene relación de parentesco del cuarto grado de consanguinidad con Juan Valente Cáceres, asimismo, que acredite la existencia de una relación laboral o contractual entre la entidad municipal y la persona contratada, y la injerencia por parte de la autoridad edil para el nombramiento o contratación de su pariente.

10. La documentación antes señalada resultaba no solo útil sino necesaria para dilucidar la controversia jurídica planteada en el presente caso; sin embargo, el referido concejo distrital omitió solicitarla y actuarla en el procedimiento de declaratoria de vacancia, lo que evidencia una clara contravención a los principios de impulso de oficio y de verdad material, lo que vicia de nulidad la tramitación del procedimiento, en sede administrativa, es decir, municipal.

11. Lo antes expuesto, es decir, la omisión de los principios de impulso de oficio y de verdad material por parte del concejo municipal, a juicio de este órgano colegiado, obstaculiza la adecuada administración de justicia electoral que debe proveer este Supremo Tribunal Electoral, ya que no cuenta con los elementos de juicio para formarse convicción en torno a la concurrencia o no de la causal de declaratoria de vacancia invocada en la presente controversia jurídica.

12. Como consecuencia de la nulidad declarada en el presente expediente, el concejo municipal deberá realizar las siguientes acciones:

a) El alcalde, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, luego de notificada la presente resolución, deberá convocar a sesión extraordinaria, cuya fecha deberá fijarse dentro de los treinta días hábiles siguientes de notificado el presente pronunciamiento, respetando, además, el plazo de cinco días hábiles que debe mediar obligatoriamente entre la notificación de la convocatoria y la mencionada sesión, conforme al artículo 13 de la LOM.

b) Se deberá notificar dicha convocatoria al solicitante de la vacancia, a la autoridad cuestionada y a los miembros del concejo edil, respetando estrictamente las formalidades previstas en los artículos 21 y 24 de la LPAG, bajo responsabilidad.

c) El actual alcalde, Miguel Valente Arias, en su calidad de miembro y presidente del concejo municipal y máxima autoridad administrativa de la comuna, al día siguiente de notificado el presente pronunciamiento, deberá solicitar, a fin de que sean incorporados con la debida anticipación, los siguientes medios probatorios, en original o copias certificadas:

- Las partidas de nacimiento de Andrés Valente Buendía y Vidal Erasmo Valente Buendía a fin de establecer si son hermanos, y así poder determinar la relación de parentesco del cuarto grado de consanguinidad entre Miguel Valente Arias y Juan Valente Cáceres.

- Con relación al segundo y tercer elemento de la causal de nepotismo, requerir a las áreas o funcionarios competentes, bajo responsabilidad, un informe acerca a) de las tareas y funciones que realizó la persona contratada, b) del lugar de realización de sus labores, c) del procedimiento de selección seguido para su contratación, detallando las personas u órganos de la entidad edil que intervinieron en su contratación, de ser el caso, d) de la cercanía domiciliaria de la persona contratada con el cuestionado alcalde, e) del motivo por el cual aparece Juan Valente Cáceres como proveedor de la Municipalidad de Pichirhua, en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, f) de la población y superficie del gobierno local, g) si, anteriormente, la citada persona trabajó o prestó servicios para la entidad edil, y h) otra documentación relacionada con los hechos invocados por el solicitante de la vacancia y que se encuentren en sede municipal. El informe o los informes que se emitan obligatoriamente deberán estar acompañados de los documentos que los sustenten.

d) Incorporadas al procedimiento toda esta documentación, deberá correrse traslado de esta a los solicitantes de la vacancia y a la autoridad edil cuestionada, para salvaguardar su derecho a la defensa y al principio de igualdad entre las partes, así como ponerse a disposición del resto de integrantes del concejo municipal, de manera previa a la realización de la sesión extraordinaria, para una mejor resolución.

e) Tanto el alcalde como los regidores deberán asistir obligatoriamente a la sesión extraordinaria, bajo apercibimiento de tener en cuenta su inasistencia para la configuración de la causal de vacancia por inasistencia injustificada a las sesiones extraordinarias, prevista en el artículo 22, numeral 7, de la LOM.

f) En la sesión extraordinaria, el concejo edil deberá pronunciarse de manera obligatoria por cada uno de los hechos expuestos en la solicitud de vacancia, valorando los documentos que incorporó y actuó, motivando debidamente la decisión que se adopte.

g) Así también, los miembros del concejo distrital deberán emitir su voto debidamente fundamentado en la misma sesión de concejo.

h) En el acta que se redacte, deberán consignarse los argumentos centrales de la solicitud de declaratoria de vacancia, los argumentos fundamentales de los descargos presentados por la autoridad cuestionada, los medios probatorios ofrecidos por las partes, además de consignar y, de ser el caso, sistematizar los argumentos de los regidores que hubiesen participado en la sesión extraordinaria, y el voto expreso, específico (a favor o en contra) y fundamentado de cada autoridad, situación en la que ninguna puede abstenerse de votar, respetando, además, el quorum establecido en la LOM.

i) El acuerdo de concejo que formalice la decisión adoptada deberá ser emitido en el plazo máximo de cinco días hábiles luego de llevada a cabo la sesión, asimismo, debe notificarse al solicitante de la vacancia y a la autoridad cuestionada, respetando fielmente las formalidades de los artículos 21 y 24 de la LPAG.

j) En caso de que se interponga recurso de apelación, se debe remitir el expediente original, salvo el acta de la sesión extraordinaria, que podrá ser cursada en copia certificada por fedatario, dentro del plazo máximo e improrrogable de tres días hábiles luego de su presentación, siendo potestad exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones calificar su inadmisibilidad o improcedencia.

Finalmente, cabe recordar que las acciones establecidas en el acápite 12 son mandatos expresos dirigidos a Miguel Valente Arias, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal que corresponda, para que, a su vez, las curse al fiscal provincial penal de turno, a fin de que evalúe la conducta de dicha autoridad edil y, de ser el caso, del resto de integrantes del concejo municipal, conforme a sus atribuciones.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULO el procedimiento de vacancia iniciado por Orlando Altamirano Donaires en contra de Miguel Valente Arias, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichirhua, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, por la causal establecida en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al Concejo Distrital de Pichirhua a fin de que convoque nuevamente a sesión extraordinaria y DISPONER que vuelva a emitir pronunciamiento sobre el pedido de declaratoria de vacancia, de acuerdo con lo establecido en los considerandos de la presente resolución, bajo apercibimiento de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, con el objeto de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de turno, para que evalúe la conducta de dicha autoridad edil y, de ser el caso, del resto de integrantes del concejo municipal, conforme a sus competencias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro

Secretaria General

1575076-3